El FC Barcelona ha dado un paso más en su malestar con el estamento arbitral y ha presentado una queja formal ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras el arbitraje de Juan Martínez Munuera en la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. El club considera que el criterio aplicado en el encuentro fue incoherente y perjudicial, y lo ha plasmado en un escrito estructurado en cinco puntos.
La iniciativa surgió ya en el propio estadio rojiblanco y, tras diversas conversaciones internas y una reunión celebrada el viernes, el club decidió formalizar la denuncia este sábado. El documento, elaborado por el equipo jurídico azulgrana, cuestiona especialmente la anulación del gol de Cubarsí al inicio de la segunda parte y el criterio disciplinario que terminó con la expulsión de Eric García en los minutos finales.
Cinco puntos de fricción
El primer gran eje de la denuncia es la falta de coherencia en las decisiones disciplinarias. El Barça sostiene que se aplicaron criterios distintos en acciones de naturaleza similar, lo que genera una “sensación de doble rasero” incompatible con la equidad competitiva.
En segundo lugar, el club pone el foco en la interpretación de las manos dentro del área, denunciando criterios contradictorios incluso en partidos dirigidos por los mismos árbitros. Esta supuesta falta de uniformidad, según el escrito, alimenta la percepción de arbitrariedad.
El tercer punto alude a una acumulación de errores arbitrales a lo largo de la temporada, que el Barça considera determinantes y perjudiciales. El club advierte de que esta reiteración afecta a la integridad de la competición y erosiona la confianza.
También se cuestiona la aplicación del VAR, reclamando mayor transparencia y la publicación íntegra de los audios, especialmente en la acción del gol anulado a Cubarsí. Finalmente, el FC Barcelona critica la ausencia de un criterio claro para enviar a los árbitros a revisar las jugadas en el monitor.
Más allá del partido concreto, la entidad azulgrana solicita la creación de un código ético y disciplinario específico para los árbitros, asegurando que su objetivo no es el beneficio propio, sino mejorar el funcionamiento de la competición. El conflicto institucional, lejos de apagarse, entra ahora en una nueva fase.
